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La crisis económica y sus efectos sobre el mundo del trabajo

Por Enrique Deibe

La Argentina vive una etapa de crisis sin precedentes, que tiene como manifestación más evidente una recesión que lleva más de tres años y que muestra debilidades estructurales para superar esta difícil situación.

Los intentos de recuperación a partir de la administración delaruista no produjeron los efectos esperados, agravándose aún más los desequilibrios de la balanza de pagos y el déficit presupuestario, no cumpliendo lo establecido por la ley de equilibrio fiscal.

Luego de distintos fracasos el gobierno nacional toma una decisión que es observada por la mayoría de los especialistas y trasmitida a la sociedad como la "única" alternativa a la cesación de pagos o a la devaluación. Esta medida, que provoca una fuerte tensión en la comunidad y en vastos sectores de trabajadores y desocupados, se denomina "déficit cero" y es aprobada como ley de la nación por el Congreso en un muy breve lapso.

¿Por qué los "mercados" no reconocen en esta serie de medidas razonabilidad suficiente para alentar nuevas inversiones y un rápido crecimiento o, al menos, un cambio de tendencia en la declinante economía argentina?

La Argentina se enfrentaba a graves dificultades para cumplir con el pago de intereses y servicios de la deuda ya que, de acuerdo a lo establecido por el presupuesto nacional 2001, el componente total de éstos asciende a 11.000 millones de dólares -aproximadamente- de los que 8.200 deberían ser financiados por vía de préstamos. Las altas tasas de interés imponen más restricciones ya que no es posible obtener crédito a tasas razonables forzando al gobierno a tomar la mencionada medida de "déficit cero".

Esto implica en definitiva que el gobierno ordenará sus cuentas a partir de los efectivos recaudados (aranceles por importaciones e impuestos) y por lo tanto los gastos (gastos totales de gobierno, incluidos intereses y servicios de la deuda), ascenderán hasta el punto de equilibrio con los ingresos. Dicho de otro modo, se establece como criterio contable el equilibrio en las cuentas nacionales. La consecuencia inmediata de estas medidas son la reducción de salarios a estatales y jubilados y la restricción a la provincias de los fondos de coparticipación.

El argumento que esgrime el gobierno en este sentido es que, a partir del ordenamiento de las cuentas nacionales, bajarán las tasas de interés al retirarse el Estado como tomador de crédito y ésto impulsará el crecimiento de la economía.

Aquí corresponde responder a la pregunta que planteamos más arriba. Las perturbaciones sociales y políticas que sobrevienen a las medidas adoptadas generan un clima de inestabilidad y de baja sustentabilidad del plan adoptado por la falta de liderazgo del gobierno ante la sociedad, lo que genera la desconfianza necesaria para cualquier programa que se pretenda instaurar. La reducción de ingresos en las familias y la incertidumbre provocan un efecto de retracción en el consumo que afecta al total de la economía, iniciándose una tendencia hacia la baja del salario total (público y privado). Al mismo tiempo la baja del consumo impacta sobre la recaudación impositiva reduciendo los ingresos del Estado, por lo que se imponen nuevos ajustes. Por otra parte la fuga de capitales y retiro de depósitos agrava la situación.

Los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad en relación al empleo, consecuencia de la crisis económica planteada, son sin duda alguna el recrudecimiento del desempleo y la precariedad laboral cuya expresión más clara está dada por los altos índices de trabajo no registrado (en "negro"). Estas dos cuestiones fundamentales vinculadas al mercado de trabajo devienen del cambio de modelo económico diseñado y ejecutado en la década del '90, que introdujo en nuestro país el proceso de globalización y reestructuración de sectores y empresas, incluyendo los procesos de privatización de las compañías del Estado, alcanzando por un lado altas tasas de crecimiento y notable mejora de la productividad y, por otro, aumento del desempleo y generación de empleos flexibles por tiempo determinado y por contraposición, destrucción de empleos estables por tiempo indeterminado.

Luego, a partir del año '98 comienza un ciclo de recesión empeorada por la crisis de la deuda. Esta descripción muestra un desmejoramiento de los sistemas de seguridad social que también entran en crisis en los noventa, tanto el subsistema de salud (obras sociales) como el subsistema de jubilaciones y pensiones incluyendo el cambio de sistema, del público de reparto al opcional "inducido" de capitalización y reparto con aportes del Estado en ambos.

Caracterización del desempleo

Hasta la década del '90 nuestro país nunca superó un desempleo coyuntural del 6 al 8 % como máximo. A partir de 1992 comenzó a registrar tasas de más de dos dígitos llegando a un máximo del 20,2 en mayo de 1995 y rondando el 15 % de ahí en más, dando lugar a un desempleo de carácter estructural por lo prolongado y elevado. Hoy, lejos de encontrar alguna mejoría manifiesta en los indicadores, volvemos a acercarnos a ese 20 % del año '95.

Examinando la proyección de la EPH sobre el total de la población urbana podemos afirmar que, en relación con la duración en situación de desempleo, más del 25 % de los desocupados lo están desde hace más de 6 meses lo que indica un largo período de búsqueda sin solución al problema con la consecuencia de desaliento y pérdida de calificaciones y dificultad por lo tanto de lograr un empleo de calidad.

En relación al nivel de educación alcanzado, el 62 % de los trabajadores en busca de empleo sólo llegan al nivel primario de escolaridad formal.

Ambos aspectos señalan las dificultades crecientes del sector que pretende acceder a un puesto de trabajo y que las exigencias del mercado le hacen cada vez más inalcanzable. Por otra parte según informes y documentos de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) sobre las mismas fuentes (EPH) los jefes de hogar sin empleo ascienden a más de 700.000 personas.

Otras observaciones sobre el análisis del desempleo en Argentina corresponden al creciente aumento de la desocupación en las franjas de edades centrales, en la mujer y en los jefes de hogar, además de los ya indicados.

Estos fenómenos se explican en parte por el incremento de la PEA no acompañado en el transcurso de la década de los '90 por la generación de empleos, observando que crecieron mayormente los empleos precarios que aquéllos de tiempo indeterminado, mostrando un efecto sustitución de aquéllos por éstos .

Estos fenómenos, sumados a las variaciones de la elasticidad empleo-producto, que limitan, en las condiciones de los últimos 10 años, la generación de empleo al mismo ritmo del crecimiento económico y al consecuente incremento de la productividad que permitió aumentar la producción con menor o igual cantidad de trabajadores ocupados, configuran una caracterización de la desocupación en nuestro país con difíciles alternativas de solución a través de la creación de empleo productivo a corto y mediano plazo, al menos.

Esta situación exige explorar y desarrollar alternativas que den respuesta a la situación de los sectores más vulnerables afectados por el nuevo modelo económico-social, lo que necesariamente coloca en el debate las ventajas y dificultades que presenta la definición de políticas universales sin condicionalidades versus aquéllas que exigen una contrapartida por parte del beneficiario. Sin duda esta discusión se expone con más crudeza para aquellos desocupados que difícilmente puedan volver a ocupar un puesto de trabajo por las consideraciones ya apuntadas de pérdida de calificaciones, aptitud física, y otras. A modo de aproximación muy general a la significación que este fenómeno representa, entre medio millón y un millón de argentinos se encuentran desocupados y en situación de pobreza y exclusión alcanzando la cantidad de cerca de seis millones con el grupo familiar, es decir, alrededor del 20 % de la población total.

Frente a la situación planteada el empleo se ve seriamente afectado generando en los trabajadores ocupados una permanente sensación de inseguridad y un fuerte temor a la perdida del empleo, acosado por la "sospecha" de no poder reinsertarse en la actividad formal si es despedido. Asimismo las consecuencias de las políticas de ajustes a través de la disminución de los salarios del sector público y los efectos sobre el consumo y la producción impactan sobre la actividad privada produciendo también reducciones salariales, suspensiones y pérdida de empleo. Esta espiral descendente de las condiciones de vida laboral muestra un escenario de escepticismo y desesperanza en la gran mayoría de nuestra sociedad. Finalmente, la negociación colectiva -otrora instrumento fundamental para la defensa y reivindicación de los intereses de los trabajadores y clave para las regulaciones colectivas del trabajo pactadas entre los empresarios y trabajadores- se encuentra totalmente devaluada y amenazada por los sectores empresarios que pretenden utilizarla en el mejor de los casos para deteriorar las condiciones de trabajo con el pretexto de "adecuar" los convenios colectivos a las nuevas exigencias de la competitividad y la globalización. Hace muchos años que los sectores más reaccionarios del empresariado insisten en la eliminación de los convenios colectivos y de los sindicatos, organización esencial para resistir, al menos, en el descenso sistemático y constante de las conquistas logradas por los trabajadores a través de luchas de más de 100 años.

Los debates actuales sobre el futuro del trabajo

Desde hace una década se instala fuertemente en el debate de cientistas sociales el problema de la desocupación y la pobreza como consecuencia de un nuevo modelo de acumulación que surge a partir de la crisis del Estado de Bienestar y el modo de acumulación fordista-keynesiano. En lo más profundo del debate se inscribe el significado del trabajo-empleo en la sociedad capitalista y su resignificación crítica a partir de la "escasez" de empleo en el mundo. Entre las distintas razones que explican la carencia de empleo la más importante estaría relacionada con el aumento creciente de la productividad dado el avance científico-tecnológico que se hace presente en la producción de bienes dando comienzo a un nuevo paradigma productivo basado en la diversificación de productos y la "flexibilidad" del trabajo. El "bien" del trabajo-empleo, en el período de 30 años "gloriosos" de post-guerra, estaba sustentado por el pleno empleo sobre la base del consumo de masas que proponía una creciente incorporación de las clases trabajadores al mercado de bienes con acceso a la educación, por la masificación de la escuela pública, la salud a través del sistema de obras sociales y la protección a la invalidez y la vejez como consecuencia del sistema de seguridad social. Ese modelo exitoso no configura en si una apreciación de los individuos por el trabajo sino que a través de éste se produce el acceso a los bienes y servicios antes referidos lo que implica un proceso de inclusión social incrementable. Y más allá de causa o efecto el trabajo se constituye en un bien apreciado por la sociedad en su conjunto.

La crisis que enfrentamos desde los años ochenta pone en cuestión estas conceptualizaciones y las visiones críticas del modelo keynesiano-fordista ya que implica, por un lado, aferrarse a las "viejas" categorías sobre el trabajo y, por el otro, comenzar a debatir a partir de los "futurólogos" de las ciencias sociales una nueva sociedad donde el trabajo "pierde" sentido como centro de la actividad humana y generador de subjetividades e identidades colectivas.

Las visiones propias de la ciencia-ficción sobre la sociedad del futuro podrán ser una anticipación sobre la caracterización trágica que construiremos o, de un modo optimista, una mala interpretación de la sociedad que sobrevendrá solidaria y liberada de la opresión del trabajo "indigno" y la falta de empleo tal como lo concebimos hasta nuestros días.

Tanto André Gorz como Offe plantean una alternativa optimista al fin de la "sociedad del trabajo" ¿por qué procurar empleo en una sociedad que tiende a su extinción?, se preguntan. El concepto de trabajo-empleo como mercancía, cuestionado desde los comienzos de la OIT y en la Declaración de Filadelfia, impuso desde la lógica dominante del liberalismo una subordinación de los sectores populares, acotando como forma de sustento la necesidad de contar con un empleo que permitiera la adquisición de los bienes y servicios que la sociedad ofrecía. También en el mismo sentido, Dominique Mèda (1995) propone desencantar el concepto de trabajo quitándole esa sobreestimación que se ha dado a lo largo de dos siglos de historia. En efecto, todas las visiones que dan cuenta de la discusión crítica sobre la centralidad del concepto de trabajo para nuestras sociedades capitalistas modernas sostienen que el trabajo como forma de realización no es más que una construcción social y, por lo tanto, es y será susceptible de ser modificada dando paso a una nueva construcción de modelo de sociedad que finalmente proponga la liberación del trabajo y el desarrollo de actividades creativas y generadoras de placer. Proponen, entonces, romper con la noción de que el trabajo remunerado es una constante humana o su carencia es una suerte de castigo (Hopenhayn, 2001) .

Es importante en este punto dejar claro que más allá de las polémicas y debates que se instalan en relación al concepto de trabajo y sus implicancias en la constitución de la organización social, justamente todos ellos dan cuenta de la crisis a la cual nos enfrentamos con las idiosincrasias particulares y los diferentes grados de desarrollo de los distintos países. El incremento del desempleo que adquiere en casi todos los países un carácter estructural pone en delicado equilibrio al conjunto del modelo económico- social y la falta de respuestas que generan estos desequilibrios, profundizando a través de la exclusión social las brechas entre ricos y pobres, entre empleos de alta productividad y empleos de baja productividad, entre trabajadores de altas calificaciones (sociedad de la información y el conocimiento) y trabajadores precarizados de baja productividad; y exponen a los sectores medios (profesionales y técnicos del modo fordista de producción) a la "angustia" de la posible perdida de empleo y la dificultad creciente de reinserción en trabajos de estables y de calidad (salario y condiciones de trabajo dignas, formación continua, prestaciones de la seguridad social, etc.).

La posibilidad de pensar una sociedad sobre la base de un ingreso social suficiente nos permite advertir sobre dos cuestiones claves.

La primera está dada por la dificultad que generaría la libre voluntad de incorporarse a la búsqueda de un empleo remunerado o dedicar la existencia a actividades edificadoras de una dignidad basada en el placer -en un sentido freudiano- preconizado por Gorz. En el mundo capitalista, vigente aún, la presión del salario actúa sobre el mercado de trabajo tendiendo a la baja cuanto más alto es el índice de desempleo, llegando a un mínimo que sólo garantice la necesidad de reproducción de la fuerza de trabajo. Por lo tanto no parece posible, por lo menos en las condiciones que impone el capital, sostener ingresos por encima de estos mínimos que posibiliten un nuevo esquema de sociedad financiada por el propio sistema en el que el trabajo-empleo se mantuviera como modelo imperante. En segundo lugar, si el espacio de libertad estuviera sostenido por ingresos insuficientes podría dar como resultado una sociedad dual cristalizando al sector excluido en el estadio de pobreza.

Pierre Rosanvallon, si bien reconoce la crisis de empleo, cree que la solución debe tener como centro el trabajo ya que éste es el que estructura y organiza la sociedad como valor fundamental. Rechaza la idea de un ingreso social universal porque sostiene que es una manera de consolidar la situación de desempleo. La búsqueda de respuesta a la crisis de empleo debe, según su perspectiva, basarse en la reinserción de los desocupados procurando establecer criterios de equidad social. En tal sentido Fitoussi y Rosanvallon indican que la heterogeneidad y desarticulación que produce el desempleo impide analizar en términos de equidad e igualdad los problemas que se deben enfrentar. De tal modo la tercerización y la fragmentación pronunciada de los puestos de trabajo, configura, por un lado, a los trabajadores de altas calificaciones (trabajadores de la era del conocimiento) que no sufren la pérdida de empleo mientras los otros de bajas calificaciones que aportan poco valor a la cadena están condenados a la reducción de sus salarios y a empleos poco estables ("changas") .

Por otra parte la generación de actividades sociales "impropias" a los valores del mercado dejaría de lado una cuestión de suma importancia, que es la de procurar la generación de empleo descartando la universalidad de asignaciones como salario ciudadano, o ingreso social universal, por la de reinserción de los desocupados al empleo o trabajo para todos. Ya la OIT en el informe del Director General de 1999, Prof. Juan Somavia, propone como orientación para los próximos años el pensar en una sociedad con "trabajo decente" para todos y, hace pocos días, el Foro Global del Empleo en el que participaron 700 lideres políticos y económicos lanzó un programa de acción bajo el lema "Crear trabajo decente en el siglo XXI" para tratar de mitigar el desempleo y su consecuencia más importante que es el crecimiento de la pobreza, agravado por la recesión mundial y los actos terroristas del 11 de septiembre. Si bien estos intentos de la OIT de instalar la cuestión en todo el mundo se sostienen sobre un término aún no definido totalmente -Trabajo Decente-, no cabe duda que impulsa un pensamiento claro en el que el empleo y su generación siguen ocupando un lugar central en la opinión de esta organización, y sus propuestas se orientan a fomentar el empleo como modo de reducir la pobreza.

El debate cobra significación diferente según se trate de países centrales o países periféricos como el nuestro, donde quedan por resolver cuestiones que son evidentemente más urgentes. Esto no implica eludir la discusión por nuestro contexto nacional, que desde ya está instalada en la práctica de la vida cotidiana. La aplicación de políticas de empleo sobra la base de asignaciones transitorias orientadas a la atención de los desocupados más pobres y de más bajas calificaciones y que generarán como objetivo secundario obras de infraestructura social y asistencia comunitaria fue el concepto que orientó la política social desde el empleo con mayor asignación de recursos en los últimos años. (Programas Trabajar y Servicios Comunitarios).

Desde mi visión personal uno de los graves problemas que estuvieron presentes en la implementación no fue tanto la selección de los beneficiarios, que indudablemente en muchas ocasiones tendió a la manipulación política, sino justamente que las necesidades de cobertura eran superiores a los recursos asignados y por lo tanto insuficiente y compleja la designación de los que recibían el subsidio. Por lo tanto nuestro primer desafío es lograr una cobertura suficiente con o sin condicionalidades.

Los niveles de cobertura y financiamiento de alternativas forman parte de la problemática sobre el desempleo y la pobreza. Las propuestas son bien diferenciadas: mientras la CTA sostiene un ingreso para todos los jefes de hogar de 380 pesos más asignaciones familiares, el gobierno alentó reasignaciones de los gastos sociales con una cobertura de similar cobertura pero de montos significativamente inferiores. Una implica un nuevo modelo de redistribución de ingresos con fuerte repercusión en el consumo pero también difícil de aplicar por las relaciones de fuerza actuales, y la otra sostiene un variación que no implica modificación en las actuales condiciones sino solamente un tibio intento de ampliar la actual cobertura en cuanto a la cantidad de personas alcanzadas por los programas sociales pero reduciendo las asignaciones y o recursos de los sectores formales medios de la sociedad, cristalizando la situación de pobreza con bajo impacto en el consumo.

Será posible entonces para la Argentina encontrar un camino alterno que resuelva el dilema de crecer sin endeudamiento y transformar la estructura económica para que, a largo plazo, se constituya en un país con capacidad propia de generación de riqueza. La responsabilidad de los gobernantes y la sociedad en su conjunto tendrán la última palabra para lograr una respuesta progresista y sostenible, o continuar en el camino de incertidumbre y deterioro incesante en el que nos encontramos.

Por último estamos lejos de pensar en las posibilidades de la construcción de una nueva sociedad al modo de Gorz pero sin duda es imperioso que la agenda pública dé cuenta de estos problemas y, a mi entender, sería tal vez el Diálogo Social un instrumento eficaz para la resolución de los graves problemas de nuestra sociedad.

Noviembre 2001