Abstract: En el texto propongo situar la movilización popular más allá de la coyuntura de la crisis de 2001, y para ello propongo la adopción de un punto de vista específico: debe considerarse la movilización bajo la óptica de la integración social, de los efectos de la desafiliación masiva, de la fractura social y de las luchas contra sus consecuencias más inmediatas y también contra sus tendencias más profundas. Y debe ponerse en el eje del enfoque lo que he propuesto en llamar la “inscripción territorial” de las clases populares. Dimensión central de la solidaridad, el territorio adquiere aquí una importancia renovada en la socialización política y en la socialización a secas de los sectores populares.

Nota para la edición de Lavboratorio, París, 25 de noviembre de 2004.

Escribí el texto que Lavboratorio publica hoy en los primeros meses de 2002 en vistas a una ponencia en el Atelier Argentine del CEPREMAP (centro de investigación en el que se reúnen la mayor parte de los economistas de la conocida “Escuela de la Regulación”). El texto fue publicado unos meses más tarde por la revista L’Homme et la Société (n° 143-144, Paris, janvier-juin 2002, pp. 143-164) bajo el título “Le quartier et la barricade. Le local comme lieu de repli et base du rapport au politique dans la révolte populaire en Argentine”.

Cuando Lavboratorio me propuso su publicación lo pensé atentamente. El texto envejeció y mucha agua ha pasado bajo el puente. En la experiencia de los argentinos, aquellos primeros meses del 2002 pueden parecer una prehistoria lejana. Sobre el movimiento de piqueteros del que trata el texto, han aparecido luego contribuciones importantísimas; y pienso principalmente en el libro de Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, Entre la ruta y el barrio, que se ha convertido a justo título en el libro de referencia sobre el tema, o en las también importantes contribuciones de Javier Auyero. Sin embargo, varios son los autores que continúan citando Le quartier et la barricade.

En el texto propongo situar la movilización popular más allá de la coyuntura de la crisis de 2001, y para ello propongo la adopción de un punto de vista específico: debe considerarse la movilización bajo la óptica de la integración social, de los efectos de la desafiliación masiva, de la fractura social y de las luchas contra sus consecuencias más inmediatas y también contra sus tendencias más profundas. Y debe ponerse en el eje del enfoque lo que he propuesto en llamar la “inscripción territorial” de las clases populares. Dimensión central de la solidaridad, el territorio adquiere aquí una importancia renovada en la socialización política y en la socialización a secas de los sectores populares.

Aparece así un tipo de acción definida por las múltiples exigencias de una lucha por la subsistencia y por el reconocimiento, en el terreno simbólico y en el terreno material, a nivel comunitario y en el seno del sistema político; con el Estado identificado siempre como principal interlocutor de las clases populares. Desde este punto de vista, y contrariamente al clima reinante en 2002, se veía ya entonces con claridad que los partidos políticos recuperarían el control de la situación una vez pasado el marasmo financiero. Y sobre todo veíamos la fortaleza del peronismo, dada por la imbricación particular en la que observábamos a las clases populares, desde hacía más de quince años, entre inscripción territorial y relación con el Estado reformado. Ni por cuestiones de “identidad” ni como resultado del “clientelismo” sino a causa de la configuración en la que evolucionan las clases populares en una Argentina democrática y fracturada.

Quisiera agradecer a Astor Massetti por una primera traducción del texto, y particularmente a Florencia Gentile que corrigió esa primera versión con tesón y dedicación generosas.

Introducción.

Las transformaciones operadas en el mundo del trabajo y las reformas introducidas en el dominio del Estado son el origen de un cambio en las relaciones con lo político de los sectores populares, que ven así modificados los repertorios de acción colectiva a los que tienen acceso. La nueva relación con lo político y las nuevas modalidades de acción se descentran hacia lo local (o el barrio), donde los más desprotegidos encuentran una fuente de “reafiliación”, medios de subsistencia e incluso una base de recomposición identitaria. Este movimiento complejo se torna más visible en las sociedades donde la crisis social es particularmente aguda. En ese contexto, el primer objetivo de este articulo es aportar elementos para la comprensión de la crisis general que atraviesa la sociedad argentina. Estos elementos deberán permitirnos abordar nuestro segundo objetivo, a saber una descripción de las lógicas de movilización colectiva en un contexto de descomposición acelerada de una sociedad salarial.

Argentina: crisis y movilización

La caída del gobierno de Fernando De la Rua en el transcurso de una revuelta popular en diciembre de 2001 puso en evidencia una anunciada crisis de larga data. Esta revuelta comenzó con el asalto a comercios de alimentos y supermercados, protagonizada por los más desprotegidos en la semana del 17 de diciembre. La movilización se generaliza luego cuando una buena parte de la clase media de la Capital sale a la calle en respuesta a la declaración de estado de sitio por el Presidente de la República, seguida por una escalada represiva y la dimisión del propio Presidente. Desde entonces, dos “nuevos movimientos sociales” parecen consolidarse y atraer numerosos observadores argentinos y extranjeros. Uno tiene como protagonista a la clase media de Buenos Aires, que se manifestó al ritmo del repiqueteo de cacerolas y asambleas barriales, que se desarrollan con regularidad desde diciembre¹. El otro, sobre el que nos interesaremos, el de los piqueteros, movimiento cuyos protagonistas son los más pobres de la ciudad; sus formas de acción — implementación de barricadas que cortan las principales rutas, autopistas y puentes del país —movilizan frecuentemente varios miles de personas y están coordinadas a veces sobre decenas de puntos estratégicos.

Este movimiento de piqueteros suscitó un gran número de preguntas y de expectativas, si no de esperanzas. Argentina es un país rico y la descomposición social que vemos desarrollarse desde hace décadas sorprende sobre todo porque parece haber llegado hasta el presente casi sin resistencia social. Esta movilización de los más pobres es seguida atentamente tanto por la prensa como por los medios políticos y por un buen número de intelectuales que buscan comprender lo que ocurre. Por nuestra parte, en vez de referirnos a la “novedad” de este movimiento, preferimos observarla a la luz de la continuidad en la que parece inscribirse. En efecto, los sectores que se hoy se movilizan cortando rutas, son los mismos que observamos desde hace veinte años, movilizados en el seno de los barrios como respuesta a la crisis social.

Los piqueteros, cuando la ruta está cortada.

El lunes 30 de octubre de 2000, la ruta nacional número 3 fue cortada por un piquete a la altura del distrito de La Matanza. La ruta 3 es una arteria central en la circulación de la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires, y su importancia económica es mayor por el hecho de comunicar la Capital con el sur del país (atraviesa la Argentina hasta Tierra del Fuego) y con las zonas más ricas de la Provincia de Buenos Aires. Un piquete se mantuvo allí durante una semana.

“Las tres mil personas que cortaron la ruta 3 [...] llegaron de los barrios más pobres del partido más pobre del conurbano bonaerense: La Matanza. Donde vive el 3,5 por ciento de la población nacional y el 4,9% de los desocupados de todo el país. Esas tres mil personas son apenas un puñado de las 476 mil personas que en La Matanza viven bajo la línea de pobreza, según las cifras del INDEC. [...]Todos en el piquete, pasan día y noche en el medio de la ruta. Duermen debajo de tiendas armadas con palos y plásticos agujereados que nunca alcanzan para frenar el aguacero [...]Todos dicen que no se moverán del piquete hasta que no se cumplan sus reclamos. "No tenemos nada que perder", es su explicación. Y resumen su reclamo en apenas una palabra: "trabajo".”²

Y esto pasó en el distrito que fuera antaño un símbolo de la industria peronista. El acontecimiento ocupa rápidamente los titulares de la prensa escrita y televisada, y el debate se instala al nivel de los partidos políticos, especialmente entre la nueva alianza gubernamental y el peronismo³. El movimiento corta la Ruta 3 en varios sitios y otros piquetes se multiplican enseguida en otros puntos a lo largo del conurbano bonaerense. Desde 1996, episodios de idénticos acontecimientos se produjeron en las provincias de Corrientes, Chaco, Jujuy, Neuquén, Salta. Pero la movilización de La Matanza en el 2000 marca un giro, tanto por la envergadura del movimiento como por la profunda articulación entre organización y demanda⁴.

Los argentinos descubren así una nueva forma de movilización social. Los piquetes devienen una nueva forma de protesta de los más desfavorecidos y los desocupados de la Argentina. Puestos al margen de toda relación de fuerzas, han comenzado a cortar las rutas. Sin la posibilidad de hacer huelga, están decididos a impedir el funcionamiento de la economía y de la sociedad. A veces, los manifestantes son dispersados por gendarmería, otras rudamente reprimidos; todo termina siempre en una negociación sobre la distribución de la ayuda social. Y todo recomienza siempre, frente a las mismas demandas fundamentales no obtienen respuesta, y a una asistencia que no puede ser distribuida más que de modo insuficiente.

Frente a la falta de iniciativa de un sindicalismo en crisis, los piqueteros se han transformado en uno de los grandes protagonistas del momento. El escepticismo generalizado respecto de la política aparece hoy acompañado de una esperanza en las nuevas formas de protesta social: las asambleas barriales y las cacerolas de la clase media que crepitan en la Capital, y los piquetes de los más pobres que cortan las rutas, especialmente en el conurbano bonaerense. Muchos intelectuales (en particular los de izquierda) observan este proceso desde una perspectiva quizás demasiado optimista, tributaria de la ilusión de la “multitud creadora”⁵.

En este artículo nos proponemos analizar esta acción colectiva a la luz de su historia reciente. El movimiento de piqueteros es heredero, en cierta medida, del movimiento de asentamientos y de organizaciones barriales que se ha venido desarrollado desde hace veinte años en la periferia de las grandes ciudades (y en particular en el Gran Buenos Aires). Ya que, aún si históricamente los primeros piquetes tuvieron lugar en ciudades pequeñas (en las provincias de Neuquén y Salta), es siempre en los barrios pobres donde estos se organizan, y es también de allí la base social que movilizan. Es por ello que la observación de tal movimiento barrial puede ayudarnos a comprender los límites y las posibilidades de acción de las nuevas protestas.

La acción de estas organizaciones barriales, como la de los piquetes, se aproxima en parte a las descripciones de los “bandoleros sociales” realizadas por Eric Hobsbawm⁶. Luego de analizar numerosos casos extraídos de España, los Balcanes, Brasil o Colombia, el historiador encontró entre ellos características comunes: se trataba siempre de categorías sociales divorciadas de las transformaciones que se estaban llevando a cabo en su sociedad, excluidas de un capitalismo en formación, que aprovechaban la ausencia de control estatal en ciertas zonas del territorio para saquear a los señores, los pueblos cercanos o los viajeros, como forma de protesta social. Mas allá de las diferencias (la acción analizada por Hobsbawm es propia del mundo rural en transformación, nacida del pasaje de una agricultura familiar y comunitaria al capitalismo agrario), la forma de protesta de los piquetes recuerda el modo de acción de aquellos que no están integrados, que no pueden actuar sobre las relaciones de producción y que deben contentarse con el pillaje, con la venganza, o con la acción del “bribón de gran corazón” que roba a los ricos para distribuir a los pobres. Este tipo de protesta “tiene tendencia a devenir epidémica en los momentos de pauperización y de crisis económica”⁷, y refleja frecuentemente “la resistencia que las comunidades o pueblos enteros frente a la destrucción de su modo de vida”⁸. En este sentido, en tanto que conductas colectivas “son poco más que los síntomas de crisis y tensión en su sociedad: del hambre, de la peste, la guerra” (…), pero “el bandolerismo en sí no constituye un programa” (…) “para su sociedad”⁹. Una vez que el nuevo régimen de producción social se establece y que las poblaciones se integran, el “bandidaje” pierde su base social y su razón de ser, al mismo tiempo que el Estado retoma el control del territorio.

Esta comparación con esas guerrillas rurales y esos grupos de bandoleros o de bribones despierta nuestro interés en un sentido preciso. La acción colectiva de estas revueltas se sitúa, así como la de los habitantes de los barrios que observamos, al margen de la sociedad. Se trata de la acción de aquellos que se apartan de la ley, en principio para obtener algo que comer, mas luego para no quedar fuera de la sociedad. Porque saben moribunda la sociedad que conocían, y no ven lugar para ellos en aquella que se esboza. Entonces, como les es imposible inscribir su acción en el juego de relaciones que estructuran la sociedad, “cortan la ruta”. Impiden el funcionamiento normal de las cosas, interrumpen la circulación para decir aquí estamos, nosotros también tenemos derecho a una existencia social; y si ustedes no nos la conceden, no los dejaremos vivir en paz.

Para ello, la única arma de la que disponen es la de ocupar un lugar, apropiarse de una parte del territorio que pueda otorgar una posición más o menos estratégica. Y son las rutas las que constituyen tal posición estratégica, en tanto son indispensables para el funcionamiento del comercio, de la producción, de la comunicación.

En tanto forma de protesta social, el piquete está organizado en base a una identidad territorial: no solamente porque son dirigentes barriales los que en general lo llevan a cabo, sino también porque es sobre esta base local que se hace posible la participación de los piqueteros y que se establecen las negociaciones con las autoridades. Así, las personas se movilizan, en gran medida, sobre la base de barrios organizados. ¿Qué sentido adquiere esta participación territorial? ¿Qué tipo de relación con la política y con la sociedad en general puede ser construida sobre esta base local, territorial o urbana? ¿Cuáles son las lógicas de acción que se despliegan en un contexto relacional en el cual se encuentran quebrantados, a la vez, los lazos de ciudadanía y de trabajo?

La crisis social: retirada del Estado y descomposición de la estructura salarial.

La crisis generalizada que atraviesa actualmente la sociedad argentina presenta, más allá de sus componentes económicos, una importante dimensión social. Es sobre este registro de transformaciones sociales que pondremos el acento, a fin de comprender las diferentes vías de movilización de los más desfavorecidos. Nuestra primera hipótesis es que la relación de los sectores populares con la política debe ser explicada a partir de la dimensión social de la crisis, antes que como una respuesta a la situación económica. En efecto, no se puede buscar una explicación de las modalidades que adquiere la movilización actual y sus posibilidades de acción futura ni en la bancarrota financiera ni en la crisis política consecuente, acontecidas recientemente. Las claves para entender la protesta actual se encuentran antes de la crisis, preceden los últimos cuatro años en que la crisis se incuba, y más aún los efectos de su posterior estallido en el mes de diciembre de 2001. Y, volcada la mirada hacia el futuro, vemos que las líneas mayores que dan cuenta de las formas de acción colectiva que observamos hoy, seguramente atravesarán la crisis actual: vinieron para quedarse.

El primer elemento de tal transformación social está dado por la reorganización general del mundo del trabajo. Hasta los años ochenta, la sociedad argentina era una sociedad salarial, con casi el 75% de su población activa implicada en relaciones salariales. Luego de su desintegración progresiva iniciada a fines de los años setenta y de su reestructuración violenta en los años noventa, las relaciones salariales alcanzan hoy en día a poco más de un tercio de la población activa¹⁰.

A penas una pequeña minoría ha escapado a la desalarización y mantiene aún relaciones salariales estables. La mayor parte de la población, por el contrario, sólo conoce en la actualidad relaciones salariales precarias características de la economía informal. Es decir que se encuentra en situaciones de hiperprecariedad: más de un tercio de la población activa trabaja en condiciones ilegales, con un salario muy bajo, fuera de toda protección social y sin sindicalización. El 20% restante se encuentra sin trabajo.

La violencia de esta desestructuración del lazo salarial se agudizó con la redefinición del rol del Estado. Éste renunció a la pretensión de ocupar el lugar central en el control de la economía, y redujo en forma drástica su participación en la producción de bienes y servicios por medio de un vasto programa de privatizaciones. Sumado a esto, el Estado social redujo hasta el extremo sus mecanismos más elementales de protección social. (En este punto decisivo, más allá de la amplitud de las desregulaciones salariales, en su historia reciente la Argentina se diferencia de otras sociedades salariales, y en especial de las de Europa continental, que en general no achicaron sus sistemas de protección social sino que los ampliaron.

Como era de esperar, tal transformación radical de la sociedad argentina se tradujo en un proceso de empobrecimiento que impactó sobre una parte importante de la clase obrera, pero también sobre segmentos enteros de las clases medias, empleados del sector público y privado, profesionales independientes, jubilados y jóvenes ingresantes al mercado de trabajo. Estas franjas importantes de la población se encontraron así frente a una situación de dependencia de las políticas de asistencia social.

Es necesario tener en cuenta tres componentes indisociables en la definición de la situación social actual. En primer lugar, la crisis de la estructura salarial erosionó fuertemente la base social de los sindicatos, despojándolos del lugar que ocuparan desde los años cuarenta. Este aspecto es tanto más significativo si se tiene en cuenta el rol que los sindicatos jugaron en la administración de la seguridad social (a través de las “Obras Sociales”) y en la sociabilización política de los trabajadores.

En segundo lugar, en la experiencia de los sectores más desprotegidos, la dimisión del Estado social se tradujo en una fuerte desorganización institucional. Prácticamente en todos los dominios de la vida cotidiana, las instituciones dejaron en el desorden y la inestabilidad a sectores enteros de la población y a zonas enteras de la ciudad. Desde hace al menos quince años, casi nada funciona en los barrios de la periferia, ya sea a nivel del sistema educativo o de la salud, la seguridad o el transporte, los servicios urbanos o la administración.

En tercer y último lugar, este proceso ha tomado la forma de una fractura social, en un país que había alcanzado un alto nivel de integración. Paralelamente al empobrecimiento, podemos observar la formación de un sector de nuevas clases medias que ha apoyado lo que, en términos de un libro que describe tal proceso, se a conocido como la “modernización excluyente”¹¹. Este sector de los ganadores, compuesto por profesionales, empleados y comerciantes, se benefició ampliamente con las reformas y llegó a identificarse con el modelo de ciudadanía construida alrededor de las nuevas modalidades de consumo, desarrollado especialmente durante el período menemista. Esta nueva “ciudadanía de consumo”¹² se construyó, entonces, sobre la base de una indiferencia total con la suerte de los perdedores (sería mejor, en este caso, escribir “desolidarización” más que “indiferencia”).

Como vemos, no es exagerado calificar de radicales las profundas transformaciones de la estructura social de la Argentina: en el área metropolitana de Buenos Aires, la pobreza alcanza a uno de cada dos habitantes, la proporción de desempleados se multiplicó casi por cuatro¹³ y el número de trabajadores informales llegó a igualar al numero de asalariados formales. Todo esto en un país que hasta los años ochenta no había conocido un desempleo superior al 5%, y donde, en 1970, la pobreza urbana era estimada por la CEPAL en 3% de la población. Es así como en 1990, frente al crecimiento del desempleo, los salarios se encontraban un 30% por debajo a los niveles de 1980. En el 2001, el ingreso promedio del 10% más rico de la población era 26 veces superior al del 10% de los más pobres (que percibían un 1,7% del ingreso nacional en 1993). La Argentina de los últimos veinte años es un país de catástrofe social.

El repliegue en el barrio, una respuesta a la crisis social.

Frente a este proceso de empobrecimiento y de “desafiliación”¹⁴ masivo, muchos encontraron en el barrio su principal refugio, convirtiéndose al mismo tiempo en lugar de repliegue y de inscripción colectiva. Esta estrategia de repliegue que se viene desarrollando desde hace veinte años ha sido, tal como hemos mostrado en otros textos, la principal respuesta de los sectores populares frente al vacío dejado por las instituciones y la falta de trabajo¹⁵.

La “reafiliación” encontró su componente comunitario en la trama de una solidaridad primaria que rápidamente recuperó sus capacidades de movilización colectiva a través de las organizaciones barriales. Teniendo como base las solidaridades locales (el vecinazgo entrelazado con las estructuras familiares y otras pertenencias, como el lugar de origen para los inmigrantes venidos de provincias del norte, Bolivia o Paraguay), se articuló en los barrios una movilización social con registros igualmente clásicos: ocupación colectiva de tierras para construir viviendas, autogestión de ciertos servicios urbanos, organización de guarderías, comedores y dispensarios comunitarios, etc. Así, mientras los sindicatos perdían su peso, las organizaciones barriales aparecían en el paisaje político y social de la Argentina, poniendo en evidencia la fuerza latente del territorio urbano16. Inscripción territorial y acción colectiva se vieron así combinadas, haciendo del barrio un bastión de resistencia para aquellos que progresivamente dejaban de estar cubiertos por las tradicionales formas de inscripción colectiva, tanto estatales como sindicales. Esta respuesta se mostró particularmente eficaz en los momentos de crisis aguda como la hiperinflación de 1989 y 1990, y lo es aún hoy, diez años más tarde.

Pero esta actitud defensiva no podía ser exclusivamente comunitaria. La ayuda mutua y la solidaridad local no son suficientes por sí mismas. En un primer momento las organizaciones barriales actuaron sobre el sistema político a partir de una demanda de asistencia; pero desde el comienzo la movilización llevó implícitas lógicas que iban más allá de una lucha por los bienes provenientes de la ayuda pública. Es así como en un segundo momento la acción colectiva se desplegó a partir de una demanda institucional: creación de escuelas, de dispensarios, reconocimiento legal de las organizaciones barriales y de su participación en la gestión de políticas sociales, o el acceso a servicios esenciales como el agua o la electricidad. Esta dimensión, orientada hacia la institucionalización y la integración, otorgó una estructura compleja a las lógicas de la movilización colectiva.

Esta movilización colectiva que pudimos observar y caracterizar en varios de nuestros trabajos, presenta una larga historia de dos décadas. El movimiento de ocupaciones ilegales de tierra fue iniciado en 1981 por militantes ligados a los grupos “basistas” de izquierda, especialmente bajo la influencia de la Iglesia de la Teología de la Liberación¹⁷. Este movimiento propiciaba la participación de los habitantes a través de mecanismos de organización y de movilización democráticos sorprendentes: asambleas, elección de dirigentes, cuerpos de delegados, participación, etc. Pero este contenido democrático de base iba rápidamente a encontrar sus límites. En primer lugar, como acabamos de ver, las organizaciones barriales debían actuar sobre las instituciones e inscribirse en un sistema de intercambios. En segundo lugar, en ese contexto de intercambios la respuesta del Estado pasó rápidamente de una actitud de confrontación y de represión a una actitud de cooptación y cooperación¹⁸. Las organizaciones barriales fueron así rápidamente integradas al juego político, lo que se tradujo en un cambio de las modalidades de acción colectiva. El contenido contestatario cedió terreno a la participación en la gestión de políticas sociales, especialmente en el contexto local.

Una nueva relación con lo político.

El cambio es mayor en lo que concierne a la relación con lo político, ya que esos mismos sectores populares habían sido socializados en el mundo del trabajo, con una concentración de la actividad política en el Estado y las organizaciones de masa, partidos políticos y sindicatos. Con la crisis social el barrio recobra importancia como terreno de socialización política de los sectores más pobres, lo que se tradujo evidentemente por un giro a nivel de las prácticas.

Esta nueva relación con lo político proporciona ciertas claves de lectura sobre las cuales nos interesa particularmente detenernos. La primera nos es dada por el hecho de que es alrededor del barrio que estos sectores encuentran un buen número de “soportes” necesarios para la vida de las familias y de los individuos¹⁹. A medida que la deficiencia institucional se extiende y que aumenta el número de individuos que no encuentran soportes suficientes en el mundo del trabajo, la inscripción territorial gana importancia. El barrio se presenta como un lugar privilegiado para la organización de solidaridades y cooperaciones, base de la acción colectiva y fuente de identificación: ante la desagregación de las identidades profesionales, el lugar de residencia aparece como una fuente identitaria e incluso en algunos casos como fuente de prestigio.

Ahora bien, la naturaleza de esta inscripción social territorial no puede funcionar más que sobre la base de una acción específica sobre el sistema político, lo que constituye la segunda clave de lectura de este proceso. Frente a la articulación de tal movilización en los barrios o, en otras palabras, el desplazamiento de una parte de la acción colectiva hacia lo local, los partidos políticos respondieron a través de todo un nuevo sistema de políticas sociales.

Sin embargo, los partidos políticos que controlan el Estado (no está de más recordar que es el partido peronista quien lo controló durante todo el período menemista, y aún antes en lo que concierne a la mayoría de las provincias y especialmente al conurbano bonaerense) no están en posibilidades de ofrecer soportes institucionales estables. Como respuesta a la movilización social, los partidos no propondrán la construcción de una dinámica institucional inclusiva, como en su momento hicieron frente al movimiento social representado por los sindicatos. En un marco de desafiliación, los partidos se presentan como administradores de instituciones que concentran recursos indispensables para la supervivencia. Sin embargo, es a partir de la escasez de tales recursos que, paradójicamente, los partidos políticos construyen una posición de fuerza frente a las organizaciones barriales: cuando los recursos son insuficientes para todos, su modo de distribución no puede ser sino discrecional.

En un contexto de regresión social, las organizaciones barriales no pueden dejar de estar a la “caza” de las ocasiones que las instituciones estatales o privadas (tales como las ONG o las iglesias) les proponen²⁰. Esta situación lleva muy fácilmente a las organizaciones barriales a competir entre ellas, tanto más cuanto éstas se encuentran ahora esparcidas por el territorio.

Frente a este repliegue de los sectores populares a nivel local, y frente a las transformaciones del Estado, el peronismo ha sabido rápidamente modificar el rol desempeñado por aquel. Si ha demostrado, a los ojos de una parte de los más pobres, la imposibilidad de proponer una nueva fuerza de promoción social, este movimiento político ha sabido presentarse, de todas maneras, como el único capaz de hacer algo; es decir, de aportar respuestas concretas frente a las nuevas demandas de las organizaciones sociales. Cuando el movimiento de los asentamientos planteaba un problema en términos de legitimidad, el peronismo supo dar un paso hacia esos barrios calificados de ilegales y proponer políticas de asistencia adaptadas. Estas políticas significaban la consagración de una desviación en relación a la noción de ciudadanía social tradicional en la Argentina, pero aportaban una respuesta a la urgencia social en la cual se encontraban millones de individuos y, al mismo tiempo, a la manifiesta necesidad de las organizaciones barriales.

La coyuntura electoral de fines de los noventa puso a las “manzaneras”²¹ en el centro del debate público. Durante su mandato como gobernador de la Provincia de Buenos Aires (1994-1997), el actual presidente de la República, Eduardo Duhalde, creó un dispositivo de asistencia social alrededor de estas delegadas. El gobernador conocía ya la experiencia de los asentamientos desde los tiempos de su intendencia en Lomas de Zamora (en los años ochenta), y había desarrollado entonces las casas de tierras a fin de trabajar con esta población particular.

Sin embargo, el gobernador Duhalde dará un contenido diferente al plan de asistencia social que lleva a cabo a partir de 1994. En principio, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires integra las delegadas al Consejo de la Familia a través de la puesta en práctica del Programa vida, destinado a la distribución de alimentos. Luego, otorgándole un tono que lo relacione a una concepción de asistencia explícitamente ligada a “la familia”, el programa determina que los delegados de manzana serán mujeres: las manzaneras, llamadas también por el gobierno trabajadoras comunitarias.

Según las cifras oficiales, las manzaneras “trabajan en 2.107 barrios a través de los acuerdos firmados entre el Consejo de la Familia y cada municipalidad. Elegidas por su propio barrio, trabajan en zonas de concentración de pobreza extrema”. Su tarea consiste en la distribución de una cuota semanal de alimentos destinado a los niños de menos de seis años, como por ejemplo 50 cl de leche por día,1 Kg. de cereales, fideos y azúcar. “Las manzaneras son hoy 30.490 mujeres que no perciben ningún salario; son acompañadas por 6.484 parteras que asisten a las mujeres embarazadas”²². Sobre esta base, y con un presupuesto de alrededor de U$s 200 millones por año²³, la provincia construyó un sistema de asistencia pública destinado específicamente al Gran Buenos Aires.

De esta manera, el peronismo montó una impresionante red de tipo clientelar, que transformó completamente el carácter de estas delegadas de manzana en relación a sus funciones originales en los asentamientos. Pero, paradójicamente, el peronismo perderá las elecciones en 1997 y la historia de las manzaneras se revelará como un verdadero fiasco en materia de cooptación política de masas, especialmente en el momento en que el porvenir político del gobernador se vio cuestionado por la pérdida de las elecciones presidenciales de 1999.

Si bien tal sistema de asistencia llevado a cabo por el peronismo bonaerense no pudo comportarse como una verdadera máquina electoral, resulta interesante sin embargo observar cómo los partidos políticos intentan recuperar un movimiento social para integrarlo al funcionamiento del sistema político, y así comprender cómo pudo crearse una cierta simbiosis entre las organizaciones barriales y los partidos. Al mismo tiempo, si esta simbiosis muestra la debilidad de las organizaciones locales frente a un poder político que controla las estructuras del Estado, la experiencia fallida del peronismo desde el punto de vista de esta voluntad de control es un ejemplo de la capacidad de los habitantes de mantener una cierta autonomía política, al menos sobre el plano electoral.

La experiencia de las manzaneras, que perdurará después del fracaso de Duhalde y su reemplazo en el gobierno provincial, muestra también un desplazamiento del espacio del ejercicio de la participación política. De un modo general, estos dispositivos de asistencia social, al tomar como interlocutores a las organizaciones y a los líderes locales, en cierta manera condujeron la política al barrio. Más allá de este dispositivo concreto, es necesario subrayar la coexistencia de la protesta y de la negociación en el seno de un movimiento social que debe manejar la tensión entre la “lucha por el reconocimiento”, en un sentido próximo a los análisis de Axel Honneth, y la lucha por la supervivencia, agregamos nosotros²⁴.

Algunas características de la movilización colectiva cuando la supervivencia está en juego.

Un movimiento social que encuentra su fuente de movilización por fuera del mundo del trabajo se ve directamente confrontado con las instituciones que mantienen el control de los recursos materiales accesibles a los más pobres, lo que constituye un “dato” mayor olvidado en los análisis de las lógicas de acción. Los movimientos que tienen por objeto responder al problema de la supervivencia de los individuos y las familias que los constituyen, son muy diferentes de los movimientos que sirvieron de fundamento para las teorías de la acción colectiva (como los movimientos alrededor de la cuestión de las mujeres, de la ecología o de las minorías). Es por esto que la movilización de los más pobres en Argentina constituye una buena base de observación y de conceptualización para analizar otras formas de protesta, como por ejemplo el caso de los desocupados movilizados al final de la década de los noventa en Francia en el marco de la organización “AC! Agir contre le chômage” (¡Basta! Actuar contra el desempleo).

Trabajos recientes²⁵ ponen en evidencia la tensión existente entre las reivindicaciones por el trabajo (observando lo que es percibido por los militantes sindicales como la raíz de la cuestión de la desocupación) y las reivindicaciones por las medidas de urgencia (como la gratuitidad del transporte o el aumento de las ayudas), sostenidas por los verdaderos desocupados. En el caso de los desocupados, ésta tensión es aún más intensa dada la existencia de una tensión simbólica. Por un lado buscan el reconocimiento de su condición de desocupados, en términos de una lucha contra el estigma que pesa sobre ellos y, por el otro, persiguen el deseo de abandonar esta condición percibida por ellos mismos como una identidad desprovista de honor. Por un lado quieren ser respetados en su condición de desocupados, pero por el otro quieren dejar de serlo.

Cuando la integración social y la supervivencia están en juego, la lógica de la acción colectiva encuentra toda su complejidad en la combinación de tres registros, cuyo dominio determinará el porvenir del movimiento. En el primer registro, la organización debe actuar, simultáneamente, hacia el interior y hacia el exterior del movimiento. Hacia el interior la organización contribuye a promover lazos de solidaridad (local en nuestro caso); hacia el exterior, actúa sobre el sistema político y sobre el espacio público en la búsqueda de bienes materiales y simbólicos, intentando influenciar una distribución que escapa a su control.

El segundo registro concierne a la lucha por el acceso a los bienes y servicios. Esta dimensión material lleva implícita una tensión: por un lado, el movimiento lucha por una inscripción institucional en el marco de relaciones sociales estables que permitirían a los individuos salir (al menos parcialmente) del sufrimiento provocado por la inestabilidad y de las lógicas del tipo “cazador” a las que la inestabilidad obliga; pero, por otro lado, sometido a la urgencia, el movimiento está obligado a negociar con el sistema político, y se ve forzado a aceptar las ofertas de asistencia indispensables para la supervivencia, lo que lleva constantemente a las organizaciones a actuar como “cazadores”.

En el tercer registro, el movimiento actúa sobre el terreno simbólico, donde nuevamente se encuentra confrontado a controlar una tensión. Por un lado, lucha por un estatus social de dignidad, a través de una demanda de trabajo que constituye la llave de acceso a los derechos sociales fundamentales (ya que las personas cuya supervivencia está en juego comprenden rápidamente que, por fuera del mundo del trabajo, la ciudadanía es tributaria de la asistencia). Pero por otro lado, el movimiento debe pelear por el reconocimiento de sus organizaciones en tanto que actores del sistema político; es decir, con capacidad para intervenir en la gestión concreta de las políticas públicas, lo que lo obliga a veces, por razones “tácticas”, a poner entre grandes paréntesis la cuestión de los derechos fundamentales²⁶. Este conflicto simbólico es próximo a la conceptualización sobre el “estigma” hecha por Erving Goffman. El sujeto estigmatizado se debate entre su negación del estigma y su deseo de superar su condición, pues se siente al mismo tiempo plenamente humano y portador de una humanidad “defectuosa” según los estándares definidos por los valores dominantes a los que él adhiere. Este conflicto se convierte en una fuente de ambigüedad en el terreno simbólico de la acción colectiva: la movilización debe responder a la doble exigencia de un reconocimiento, por ejemplo, del desocupado o del villero como portador de derechos, y a la vez, a su deseo de despegarse la etiqueta de esta identidad estigmatizada.

El movimiento de los piqueteros se explica, por un lado, por una evolución en materia de movilización de las categorías populares, que permite observar cómo el segmento que había perdido su inscripción sindical encuentra refugio en la inscripción territorial (el barrio). Con el movimiento de piqueteros, la acción colectiva gana en contenido reivindicativo y sale de su marco local para introducir la voz de los “perdedores” en la escena pública. Es por ello que los discursos de los piqueteros contienen una fuerte demanda de trabajo. Además, a partir de la movilización de La Matanza en el 2000, el movimiento avanzó notablemente en el sentido de una unificación de las organizaciones barriales, esparcidas a lo largo del conurbano bonaerense y de otras grandes ciudades²⁷. Bajo la fuerte demanda de trabajo, entonces, el movimiento de piqueteros unifica las reivindicaciones de los barrios pobres con las reivindicaciones análogas de las pequeñas ciudades y de las poblaciones golpeadas por la desindustrialización, la crisis de las provincias y las reestructuraciones regionales²⁸. Es en este sentido que debe interpretarse el acercamiento entre las organizaciones piqueteras más importantes y una de las centrales sindicales²⁹.

Pero la expansión del movimiento piquetero demanda aún una precisión. No puede olvidarse que éste toma una buena parte de su fuerza de su capacidad de constituirse en actor de políticas sociales, es decir, de su capacidad de ofrecer beneficios concretas en particular a partir de la obtención de planes Trabajar y de otros tipos de ayuda social, como la ayuda alimentaria³⁰. De esta manera el movimiento capitaliza la experiencia acumulada por las organizaciones barriales, cuyo mejor ejemplo es el movimiento de asentamientos.

Nuestras observaciones nos permiten indicar que cuando la supervivencia está en juego, la acción colectiva no obedece a una sola lógica; es decir, que su comprensión no puede ser reducida a un mero reflejo frente a la pobreza o a una estrategia de supervivencia. Pero no puede ser reducida tampoco a la lógica de la constitución de un “sujeto” o a la formación de una nueva voz en el seno del espacio público. En el análisis de la importante movilización despertada en 2001 en Argentina, se debe tener en cuenta entre otras cosas, la incapacidad de la acción estatal. La crisis financiera puso al Estado frente a la imposibilidad de pagar siquiera los salarios de los empleados públicos, y lo obligó a la emisión de diferentes monedas de segundo orden (los bonos) para garantizar su funcionamiento básico. Pero es de esperar que cualquiera que sea la salida de la crisis financiera, el Estado recuperará una cierta capacidad de acción y con ella los partidos políticos regresarán al centro de la escena.

A pesar de la profunda crisis política que vive el país, nada autoriza a pensar que los partidos políticos no recuperarán su rol de mediador a partir de las instituciones públicas, al menos en lo que concierne a los más pobres. Es exactamente así que resultaron las cosas en 1984 luego de la dictadura, y en 1991 luego de la crisis de la hiperinflación. El análisis de un movimiento social exige siempre tomar en consideración las respuestas de sus interlocutores (la “actitud del oponente”, en palabras de Alain Touraine).

Es justamente sobre este terreno que ciertos dirigentes piqueteros plantean uno de los focos de su movilización: en la demanda de una participación en la administración de las políticas de asistencia social. Pero intentando así ganar terreno a los partidos políticos, entran en conflicto con aquellos que ven en estas negociaciones una traición a un movimiento social idealmente definido.

Se torna necesario encuadrar la acción colectiva en una perspectiva netamente política que de cuenta de la nueva condición general de este tipo de movilización: las luchas de los más desfavorecidos están atravesadas por la problemática general de la integración. Las personas no se movilizan solamente porque tienen necesidades insatisfechas. Se movilizan a partir de un perfecto conocimiento de la coyuntura política (sabiendo lo que pueden pedir) y, a la vez, a partir de una “moral” que les permite saber “lo que se les debe”, a qué tienen derecho. Si se abandona esta perspectiva política, se cae en el marco de lo que E.P.Thompson llamaba una explicación “espasmódica”de las movilizaciones: cuando las personas del pueblo tienen hambre, lo que las pone en movimiento es la contracción de su estómago³¹.

En la medida en la que el proceso de desafiliación torna frágiles e inconstantes los lazos de los individuos y los de las familias, la lógica de la defensa identitaria coexiste con una lógica instrumental. Cuando la acción colectiva se vuelve hacia el interior de la “comunidad”, hacia el barrio por ejemplo, los esfuerzos se orientan hacia el refuerzo de la solidaridad primaria, de acuerdo con una lógica identitaria, y también hacia un refuerzo de los lazos de cooperación, en una lógica instrumental. Cuando la acción colectiva se dirige al exterior del barrio, una lógica expresiva orienta la acción a manifestarse por el reconocimiento de los derechos sociales ignorados. Pero también hacia el exterior una lógica instrumental orienta a los habitantes a tomar iniciativas frente a las autoridades para obtener subsidios, agua, electricidad, una escuela o una comisaría. Los dos motores de la acción se ponen así en paralelo: uno hacia el reconocimiento y la defensa de la identidad, el otro hacia una práctica instrumental frente al sistema político y el Estado y el refuerzo de las solidaridades barriales. Un juego de combinaciones se instala y complejiza las lógicas de acción, complejidad que no es solamente analítica sino que se manifiesta también en los procesos de acción, muchas veces tensionados por duras contradicciones.

Alain Touraine había ya observado esta doble lógica en la movilización de los barrios en el Santiago de Chile en los años setenta. El autor indicaba que “la acción colectiva, entonces, es dividida en dos elementos mal conjugados el uno con el otro: por un lado colaboración y negociación con las autoridades, por el otro protestas “ejemplares” y violencia política”³². Touraine atribuye esta doble característica de la acción colectiva a las diferentes reacciones frente a la pobreza y la exclusión. Frente a la pobreza, la movilización orientada hacia la acción de integración comunitaria y hacia las actividades de tipo instrumental conlleva cierta incorporación al sistema político. Pero en la medida en que hay conciencia de la exclusión, la movilización no se define más por las necesidades inmediatas de supervivencia, el grupo se considera como víctima y defiende sus derechos, que han sido despreciados.

Desde nuestro punto de vista, la doble lógica se comprende mejor como resultante de una lucha por la integración. La voluntad de integración o de resistencia a la desafiliación implica la necesidad de hacer frente a las urgencias de lo cotidiano para dar lugar al establecimiento de lazos de solidaridad local, a la formulación de demandas y de negociaciones, y a la construcción de una conciencia contestataria orientada al reconocimiento. Las lógicas complejas de la acción colectiva no obedecen a dos motivos de movilización (pobreza y exclusión) sino a uno sólo: la lucha contra la desafiliación con sus aristas materiales y simbólicas, comunitarias y políticas. En este sentido, podemos ver como una unidad aquello que pareciera separado en la movilización de las categorías populares en Argentina: el fenómeno de los piquetes va de la mano del desarrollo de las organizaciones barriales y del entramado de las solidaridades locales.

Cuando la supervivencia está en juego, la acción colectiva se expresa simultáneamente en dos facetas que no coinciden exactamente con la distinción clásica entre la lógica “expresiva” y la lógica “estratégica”. Si se mira una de sus caras, vemos la protesta, la organización de una “comunidad” en torno a sus carencias, a su sufrimiento y al lugar que desearía ocupar en el mundo. La comunidad reclama entonces sus derechos. Al mirar la otra cara de la acción colectiva, vemos la manifestación de la urgencia, de las necesidades inmediatas, la dependencia del Estado para satisfacer las necesidades de la “comunidad” y el sentido estratégico de los “cazadores”. Ellos negocian entonces en el interior del sistema político y organizan la solidaridad. Estas dos dimensiones de la acción se erigen sobre la base de una trama más o menos sólida de lazos de solidaridad local, y por esta vía se opera una nueva territorialización de la relación con lo político. Tal descentramiento expresa la misma tensión: si la negociación y la integración en el sistema político aparecen aquí ligadas al ámbito de lo local, el reconocimiento de los “derechos”, en cambio, sólo puede realizarse a través de la extensión de la ciudadanía a un plano universal, o nacional.

Notas

1 No hablamos aquí de esas protestas de clase media. Al respecto, ver el artículo de Maristella Svampa: “Las dimensiones de las nuevas protestas sociales”, Buenos Aires, mimeo, 2002.

2 Descripción de un diario argentino. Clarín: El rostro de la desocupación. La situación social: historias de piqueteros, 2 de noviembre del 2000.

3 En 1999 Fernando De La Rua es electo presidente del país, a la cabeza de La Alianza, coalición que reúne al Partido Radical (UCR) con el Frente por un país Solidario (FREPASO). Esta alianza cae en diciembre del 2001 en un cuadro de crisis profunda.

4 Se contabilizan 140 barricadas en 1997, 51 en 1998, 252 en 1999, 476 en el 2000. En el 2001 se realizó la “primera asamblea nacional de piqueteros” que decide realizar un movimiento de barricadas coordinadas a nivel nacional (“el primer corte nacional de rutas”, el 31 de julio del 2001). Datos tomados de De Pena, Jean; Iserte Morgane y Montes Cató, Juan: Informe sobre contexto y situación del Movimiento Piquetero, informe elaborado por la ONG Médicos del Mundo Argentina, Buenos Aires, mimeo, 2001, 17 páginas.

5 Ver, por ejemplo, Horacio González: “La multitud creadora”, Página 12, 15/01/02.

6 HOBSWAM, Eric J.:Les bandits, Paris, La découverte/Poche, 1999, 1ra edición inglesa, 1969. [Nota del traductor : Las citas de este texto fueron extraídas de la versión española. Hobsbawm, Eric J. Los Bandidos, Editorial Ariel, Barcelona, 1976]

7 Idem, P.16

8 Ibidem, P.18

9 Ibidem, P.20.

10 Esta transformación se operó en un lapso de 20 años. Los momentos claves de este proceso son: la crisis del modelo populista con el último gobierno de Perón en 1975; los comienzos de la desestructuración del modelo precedente y la puesta en práctica de las primeras tentativas de inspiración neoliberal con la dictadura militar de 1976-1983; la hiperinflación que derrumba el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 y que sometió a vastos sectores de la población a situaciones de miseria extrema por primera vez en la historia del país; y finalmente, el decenio de Carlos Menem (1989-1999) de desestructuración del Estado, de apertura comercial y de flexibilización de las relaciones laborales. Todo este período se caracterizó por una desindustrialización creciente y una fuerte concentración del capital financiero.

11 BARBEITO, Alberto y LO VUOLO, Rubén: La modernización excluyente. Estado de bienestar y transformación económica en Argentina. Buenos Aires, UNICEF/Losada, 1992

12 Tomo esta expresión de Maristella Svampa.

13 Inferior al 5% desde los años cuarenta hasta los ochenta, la tasa de desempleo alcanzaba al 7,6% de la población activa en 1989, 8,6% en 1990, 13% en 1994 (24% entre los jóvenes de 14 a 24 años) y 18,4% en 1995. Si sumamos al desempleo el subempleo, el porcentaje llega al 30,1% en 1996.

14 Retomamos aquí el concepto de Robert Castel: Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris, fayard, 1995. No obstante, mas allá de la profundidad del proceso de desafiliación, el caso argentino se diferencia del caso francés en muchos puntos, y muy especialmente por la dimisión del Estado social, no observada en Francia y sí en Argentina.

15 MERKLEN, Denis: Inscription territoriale et action collective. Les ocupations illégales de terres urbaines depuis les années 1980 en Argentine, Paris, EHESS, tesis de doctorado, 2001.

16 El barrio constituye una fuente de identidad importante para las categorías populares en Argentina. Ha conquistado este lugar con el arrivo masivo de la inmigración de origen europeo a principios del siglo XX, eclipsándose con la consolidación de una estructura salarial y el desarrollo del Estado Social a partir de los años cuarenta, para reaparecer hacia los años ochenta.

17 Se trata, más precisamente, del movimiento de “comunidades eclesiásticas de base” lanzado por esa corriente de la iglesia católica de Brasil y que se desarrolla en otros países de América del Sur.

18 El Estado desembolsó importantes sumas en políticas sociales que pasaron también por las organizaciones barriales. Se trata especialmente de ayuda alimentaria, cooperación con los dispensarios y escuelas comunitarias, pero también de posibilitar el acceso a servicios urbanos.

19 El concepto de “soporte”[support] fue teorizado por Robert Castel en el marco de la problematización del individuo a través de una perspectiva de la integración social. Ver CASTEL, Robert y HAROCHE, Claudine: Propieté privée, propieté sociale, propieté de soi. Entretiens sur la construction de l’individu moderne, Paris, Fayard, 2001.

20 Tratamos este problema desde la óptica de la lógica de acción a la cual son confrontadas estas poblaciones. Viviendo en los bordes de la ciudad y de la sociedad, los individuos se encuentran ante la imposibilidad de lograr una inscripción social estable, caracterizada por un cierto control del mañana. En revancha, ellos actúan conforme al modelo del “cazador” que recorre el territorio y las instituciones en búsqueda de una buena “presa”: una changa, un subsidio, alguna cosa para robar o vender. La lógica del cazador puede ser observada tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Esbozamos esta idea en nuestro artículo: “Vivir en los márgenes: la lógica del cazador” en SVAMPA, M.: Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos, 2000, pp.81-119; se encuentra desarrollada en el marco de nuestra tesis: op.cit, 2001, cf, Capítulo VI, pp.426-489.

21 La Argentina de los últimos veinte años conoció la aparición de los delegados de manzana a través del fenómeno de ocupación ilegal de tierras que, como ya describimos, era un medio de proporcionar una base de participación y de democracia a la experiencia de ocupación de tierras imaginada por los curas del conurbano bonaerense. Inspirados en las Comunidades Eclesiásticas de Base de Brasil, los prelados católicos de la opción por los pobres intentaban crear así una estructura de poder popular.

22 La Nación: Qué fue de las manzaneras de Duhalde, 07-01-2001.

23 Las cifras concernientes al número de manzaneras y el presupuesto consagrado a esta acción no han podido jamás ser establecidos con precisión, existiendo disparidades aún entre las cifras oficiales presentadas por el gobierno en diferentes ocasiones. El número de manzaneras es estimado entre 24.000 y 30.000, y su presupuesto varía entre 140 y más de 600 millones de dólares. La disponibilidad discrecional de los créditos utilizados origina estas dudas y confusiones.

24 HONNETH, Axel: La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000. Este trabajo de Honneth reintroduce el debate sobre la posibilidad de una justificación moral de las luchas sociales, posición defendida por el autor. Sin embargo, más allá de las connotaciones prescriptivas, pensamos que desde un punto de vista descriptivo se debe dar cuenta de la tensión entre “moral” e “interés” como dos componentes de la acción, antes que hacer esfuerzos por definirnos por una u otra.

25 Las reflexiones que presentamos a continuación están inspiradas por los trabajos que Valérie Cohen a desarrollado en el marco de la preparación de una tesis de doctorado. Quiero agradecerle el haberme permitido acceder a su tesis en curso de redacción (que luego defendió exitosamente) y por los intercambios que tuvimos en torno a la acción colectiva. COHEN, Valérie : Chômage et mobilisation collective. Processus de formation et tentatives d'affirmation d'une force contestataire, thèse de doctorat, Paris, Université de Paris X-Nanterre, 2003.

26 Esta presentación retoma los desarrollos que hemos hecho en nuestra tesis Inscription territoriale..., ver Capítulo VII y Conclusiones, op.cit., 2001, pp.490-604.

27 El Gran Buenos Aires concentra cerca unos 8 millones de habitantes, de los cuales más de un tercio está clasificado por debajo de la línea de pobreza.

28 Conviene recordar que los primeros piquetes fueron llevados a cabo en 1995 en la ciudad petrolera de Cutral-Co, en la provincia de Neuquén.

29 El movimiento de piqueteros está constituido por tres grupos principales: aquel en el cual la dirección se encuentra en continuación directa con la experiencia de las ocupaciones ilegales de tierra, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV); la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Polo Obrero. A través de la FTV los piqueteros han encontrado un principio de alianza con los sindicatos más progresistas, reagrupados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Creada en 1991 a partir de un desprendimiento de la vieja CGT peronista, esta nueva central aspira a una renovación de las prácticas sindicales con el fin de responder a la fragmentación de la base sindical. Teniendo como base principal a los trabajadores del sector público, cuyo número ha sido fuertemente reducido por la reestructuración del Estado, la CTA permanece como una central minoritaria.

30 En mayo de 2001 los piqueteros obtuvieron la gestión de 9.500 planes Trabajar. Parcialmente financiados por el Banco Mundial, estos planes constituyen subsidios para personas sin empleo, durante cinco meses en promedio, a cambio de trabajo comunitario.

31 Cf. THOMPSON, Edward P.: “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, in Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture, London, The Merlin Press, 1991, pp. 185-258.

32 TOURAINE, Alain: La parole et le sang. Politique et société en Amérique latine, Paris, Edile Jacob, 1988, pp.240 ss.