LEY 4664 - TRIBUNALES DE MENORES

 

ART.1º -  Créanse Tribunales para Menores, los que serán unipersonales y estarán a cargo de jueces letrados, que deberán ser abogados casados, de 30 años de edad, por lo menos, y especializados en la materia. Su nombramiento y remoción se hará de acuerdo con las exigencias constitucionales para los demás jueces letrados de primera instancia.

 

ART.2° - Cada tribunal tendrá un secretario, abogado o escribano, un médico especializado en psicopedagogía, un relator, tres auxiliares, dos visitadores especializados, uno de los cuales será del sexo femenino, y un ayudante, los que serán nombrados por la kKSuprema Corte de Justicia a propuesta de cada juez y su remoción se hatá en la forma determinada para los funcionarios y empleados de la administración de justicia.

            Prestará servicios en cada tribunal uno de los Asesores de Menores de los respectivos departamentos judiciales, que designará la suprema Corte de Justicia.

 

ART. 3 – Habrá un Tribunal de Menores en cada ciudad cabeza de departamento judicial, con jurisdicción en ella y en el respectivo departamento.

    En el departamento de la Capital serán 2 los tribunales e intervendrán de acuerdo al turno que establezca la Suprema Corte de Justicia.

 

ART. 4- Cuando en hechos criminales o correccionales se encuentren imputados conjuntamente mayores y menores de 18 años o hubiere delitos conexos se practicará una doble instrucción sumaria que se elevará a lso respectivos tribunales poniendo desde el primer momento a disposición del Juez de Menores, al menor detenido.

            Si los mayores coprocesados fueren absueltos o condenados a pena inferior a la aplicada a los menores, procederá la revisión de oficio del proceso, para lo cual el juez del crimen que hubiere conocido en la causa principal remitirá inmediatamente de producirse al sentencia ejecutoria, copia auténtica de la misma al Tribunal de Menores a los efectos de un nuevo pronunciamiento relacionado con los menores afectados.

            El Tribunal de Menores autorizará la comparecencia del menor, se la requiere el juez de la causa principal, a una audiencia privada.

ART. 5 – E el delito hubiese sido cometido antes de que el menor haya cumplido  18 años pero la acción penal se iniciare o prosiguiere después de esa edad, no será competente el Tribunal de Menores, salvo el caso de que la cumpla durante el proceso.

 

ART. 6 – Las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales de menores y los demás jueces en lo penal, civil, comercial, de paz o autoridades administrativas que intervengan en juicios de faltas, serán resueltas por la Cámara de Apelaciones en materia penal del departamento judicial correspondiente al Tribunal de Menores en la forma determinada para las que se plantean entre los jueces letrados de primera instancia.

             Cuando se planteen entre los tribunales de menores serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia a menos que se trate de los del departamento de la Capital en cuyo caso lo serán por la Cámara de Apelaciones en materia penal de este departamento.

 

ART. 7 – Los jueces, representantes de los ministerios públicos, secretarios y comisarios, sólo pueden excusarse por las causales y en la forma determinada para la justicia letrada de primera instancia en lo penal ante el Tribunal de Menores o la Cámara de Apelaciones en materia penal del respectivo departamento, según corresponda.

            Los jueces del crimen y los secretarios del mismo departamento reemplazarán a los jueces y secretarios del tribunal conforme al turno que establezca la Suprema Corte de Justicia.

            En el departamento de la Capital los jueces de menores se reemplazarán entre sí y en caso de impedimento o vacancia se procederá en la forma establecida en el párrafo anterior.

 

ART. 8 – Los tribunales de menores comocetán en única instancia:

a) Cuando aparecieren como autores o partícipes de un delito menores de 18 años; a los efectos de su sanción y procurar la corrección del menor;

b) Cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de 18 años se hallare comprometida por actos de inconducta, contravenciones o delitos de sus padres, guardadores o terceros, o por infracción a las

disposiciones legales referentes a la instrucción y al trabajo: o cuando por razones de orfandad o cualquier otra causa, estuviesen material o moralmente abandonados, corrieren peligro moral o estuvieren expuestos a ello; para deparar protección o amparo y procurar educación moral e intelectual al menor, y para sancionar en su caso la inconducta de sus padres, tutores o guardadores conforme a las leyes que rigen en materia de minoridad o a las disposiciones de esta ley;

c) Cuando actos reiterados de inconducta de menores de 18 años, obliguen a sus padres, tutores o guardadores a recurrir a la autoridad; para corregir y educar al menor.

 

ART. 9 – A los efectos del artículo anterior, los delitos dependientes de instancia privada, los de acción pública y los demás hechos de competencia del tribunal, serán denunciados a éste, a los funcionarios policiales o a la Dirección General de Protección a la Infancia por quienes conforme a las leyes están facultados u obligados a hacerlo. Los funcionarios y empleados dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia están obligados a denunciar cuanto concierne al tribunal y sea de accidón pública, cualquiera que fuere la forma en que llegue a su conocimiento.

            Todo tribunal, juez o autoridad administrativa que penara delito falta, contravención o infracción de la que resultare víctima un menor de 18 años, lo pondrá en conocimiento del respectivo tribunal de menores. Igual comunicación deberán hacer las autoridades competentes que  penaren faltas, contravenciones o infracciones de las que hubiesen resultado autores o partícipes menores de 18 años.

            Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá intervenir de oficio toda vez que crea poder hallar a un menor de 18 años bajo las previsiones de esta ley.

 

Art. 10 – El funcionario policial que tenga conocimiento de un delito atribuido a un menor de 18 años, lo comunicará al tribunal que corresponda dentro de las 24 horas con una información detallada sobre la denuncia, nombre y domicilio de personas y demás datos útiles a la investigación.

            Sin perjuicio de ello y hasta  tanto el tribunal intervenga, tiene el deber de prevenir recibiendo las declaraciones necesarias y labrando las actas de comprobaciones, secuestros y demás diligencias indispensables a los fines de establecer breve y sumariamente la existencia del delito y la intervención del menor.

 

ART. 11 – Tan pronto surjan indicios vehementes de la existencia del delito, cuya sanción pueda ser pena corporal, y motivos fundados para creer que el menor es su autor o partícipe, el tribunal o el instructor que practique la investigación, decretará su detención y ordenará una amplia información de concepto, medios de vida y ambiente concernientes a la persona del menor, sus padres, tutores o guardadores, solicitando de quienes corresponda testimonio de la partida de nacimineot del menor.

 

ART. 12 – No procede decretar la detención en las causas por delitos culposos o los penados con multa. Cuando fuere indispensable a los fines de la investigación o de la información a que se refieren los dos artículos que anteceden el menor será citado con ese objeto y para identificarlo. Si no concurriere podrá conducírsele detenido al solo defecto y por el tiempo necesario a dichos fines.

 

ART. 13 – Al hacerse efectiva la detención de un menor por un funcionario policial, se le hyará saber la causa y de inmediato telegráficamente , el instructor comunicará esa cisrcnstancia al tribunal quien podrá ordenar la libertad provisoria del menor en la forma deterfminada en el art. 18, indicando la fecha y hota en que deberá comparecer ante el tribunal, o con citación del Asesor de Menores lo hará conducir a su presencia dentro de las 48 horas, acompañado por el instructor o el secrretario de la instrucción y con remisión de las actuaciones da que se refieren los artículos 10 y 11.

 

ART. 14 – Cuando el menor comparezca ante el tribunal, el juez lo interrogará personalmente sobre las particularidades de la causa, si se le imputase delito o falta, pero en todos los casos su interrogatorio tenderá a conocer la capacidad mental, afectividad, tendencias, hábitos y demás circunstancias de orden psíquico o de ambiente referentes al menor. La declaración se asentará por escrito haciéndose constar las manifestaciones del menor y la prueba de descargo a que aluda; los padres o el tutor del menor en ejercicio de sus derechos, el asesor de menores ejercerá la defensa en juicio del menor.

 

ART. 15 – Concluida la indagatoria el tribunal, con citación del asesor o el defensor particular en su caso:

a)      Ordenará la identificación del menor, solicitando la planilla de sus antecedentes y requiriendo las causas anteriores que dpueda registrar;

b)      Salvo  caso excepcional,si no lo hubiese hecho con anterioridad, encomendará a un visitador que parctique o complete las informaciones de concepto, vida y ambiente a que se refiere el art. 11;

c)      Dispondrá del examen médico- psicológico del menor;

d)      Impartirá instrucciones para recibir las pruebas de cargo y de descargo qwue considere pertinentes para comprovbar la existencia del delito y establecer la responsabilidad del menro;

e)      E) Resolverá  cuando lo considere necesario, suspender el ejercicio de la patria potestad o de la tutela o curatela si la hubiere y disponer el depósito del menor.

 

ART. 16 – La investigación deberá ser hecha en el plazo de 10 días, durante el cual no se admitirá recurso alguno, y el procedimiento ante el tribunal será verbal y actuado, recibiéndose las declaraciones de testigos y peritos, como así también las peticiones de la defensa en forma oral. El secretario levantará acta consignando lo que ordene el juez, debiendo concretarse a la identificación de las personas, las respuestas sintéticas dadas en las declaraciones las cuestiones peticionadas fundadas concisamente. Las actas serán firmadas por el juez, el secretario y las personas de cuya declaración se trate.

 

ART. 17 - El informe médico- psicológico, obligatorio en todos los casos, versará sobre las condiciones actuales de salud del menor; sus antecedentes hereditarios: como así datos sobre enfermedades sufridas o que hayan padecido sus padres o hermanos. Deberá consignar igualmente los datos antropológicos; un diagnóstico sobre las características psicológicas del menor y un dictamen acerca del destino u ocupaciones apropiadas a su naturaleza.

            Con todos estos antecedentes se compilará una ficha biográfica individual que será completada con los exámenes anamnésticos, psicológicos y psiquiátricos indispensables para determinar la personalidad intelectual del menor.

 

ART. 18 – El tribunal está facultado para decretar la libertad provisoria del menor bajo caución juratoria o fianza suficiente, y siempre que se encuentre material o moralmente abandonado o en peligro moral encomendará su guarda a una institución o establecimiento cuya superintendencia ejerza la Dirección General de Protección a la Infancia o podrá dejarlo a sus padres, tutores o guardadores cuando sean personas de reconocida honestidad y no les fuese imputable responsabilidad alguna, aunque sea indirecta, en la conducta del menor.

            El menor bajo proceso, a quien no se acuerde la libertad provisoria, cumplirá la detención en establecimientos especiales dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia.

 

ART. 19 – En los casos de los incs. b) y c) del art. 8° o cuando recibida la comunicación a que sed refiere el segundo apartado del art. 9° lo considere necesario, el tribunal ordenará se practique dentro de los 10 días una amplia información de los hechos y del concepto, medio de vida y ambiente concerniente a la persona del menor, sus padres, tutores o guardadores y dispondrá el reconocimiento médico.

 

ART. 20 – Practicada la  información o la investigación por delito y recibida la prueba a que se refiere el art.16, el tribunal resolverá la causa dictando sentencia dentro de tercero día. Expresará los hechos que declare probados, apreciando la prueba de acuerdo a su convicción sincera y teniendo principalmente en cuenta la condición psicológica del menor que resulte de todos los elementos de juicio reunidos en la causa y resolverá las cuestiones de derecho que considere necesarias, siendo las únicas esenciales las que se refieren a la cali-ficación legal del delito; la relativa al pronunciamiento que corresponde dictar; la relacionada con las dispo-siciones que se adopten conforme a la ley 10.903 (1), respecto  de sus padres, tutores o guardadores; y las que establezcan sanciones para éstos.

 

ART. 21 – El asesor y en su caso el defensor particular, podrán deducir recurso de apelación fundado, para ante la respectiva cámara en lo penal, a la que se elevará lo actuado.

            Recibidos los antecedentes la cámara fallará sin más trámite dentro del término de 10 días como tri-bunal de derecho, declarando si la pena impuesta corresponde a los hechos declarados probados por el juez. En caso contrario modificará la sentencia apelada dictando el pronunciamiento que corresponda.

 

ART. 22 – Cuando se impusiere condena condicional, el tribunal, conforme a lo dispuesto en el art. 37, inc. A) del Código Penal, puede disponer la colocación del menor en un establecimiento dependiente de la Dirección General de Protección de la Infancia como mejor convenga a la persona  del menor, consultando los reglamentos y disposiciones establecidos por aquella Dirección.

            En los casos de condena corporal a cumplir, ella se llevará en establecimientos especiales dependien-tes de aquella Dirección y hasta tanto no se habiliten, se procurará que no tomen contacto con procesados o condenados mayores de 18 años.

Cuando recayere absolución, podrá disponerse del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años si se hallare materialmente o moralmente abandonado en peligro moral o expuesto a ello, encomendando su guarda a las personas instituciones o establecimientos que esta ley determina.

 

ART. 23 – En todos los casos el tribunal ordenará que las actuaciones sean secretas, salvo para el inculpado coprocesados, abogados, funcionarios de la administración de justicia que intervengan y los de la Dirección General de Protección a la Infancia, conforme a la ley y los reglamentos respectivos, estando autorizado  el tribunal para permitir la asistencia a las audiencias a las personas que mediando razón seria y justificada, es-time convenientes. Se evitará la publicidad del hecho y cuanto concierne a la persona del menor ya sea du-rante la investigación o cuando fuere detenido o conducido a cualquier parte.

            Se prohibe cualquier publicación en que apariciere un menor como autor, cómplice o víctima de un delito. Los directores o propietarios de un periódico y los que e cualquier otra forma publicaren, autorizaren o hiciesen publicar noticias de los delitos o faltas imputado o que afectaren a los menores amparados por esta ley, se harán pasibles de multa desde m$n. 100 a m$n. 1000 o arresto de 10 días a 6 meses, que el Tribunal de Menores aplicará separada o conjuntamente de acuerdo a las circunstancias del caso y sin perjuicio del se-cuestro de edición incriminadas y de las acciones criminales a que hubiere lugar.

 

ART. 24 – El tribunal podrá imponer a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo y que importen delito: mul-tas hasta la suma de m$n. 200 o arresto hasta un mes o ambas penas a la vez.

 

ART. 25 – No se admitirá en caso alguno acción de particular ofendido como querellante pero éste o un ter-cero podrá optar a ejercer la acción civil sobre daños y perjuicios ante el Tribunal de Menores con interven-ción de los representantes legales del menor, y si no los tuviere, con la del Asesor designado como curador “ad litem”.

 

ART. 26 – El procedimiento para la acción de daños y perjuicios será seguido en incidente por separado. Presentada la demanda, con la petición de pruebas, se practicarán éstas con citación del asesor, que podrá ofrecer prueba dentro de los 3 días de esta notificación, dándose curso a toda la prueba ofrecida dentro de los 10 días siguientes.

            Recibida la prueba o vencido el término para producir la misma, el tribunal señalará una audiencia dentro de los 5 días para alegar y en la misma el juez pronunciará sentencia, si el estado de la causa criminal lo permite. El procedimiento para la apelación será el mismo que establece el artículo 21.

 

ART. 27 – La petición de términos extraordinarios por causa de exhortos o pericias solo se admitirán en casos de excepción y siempre que el hecho no pueda probarse con otra clase de pruebas.

 

ART: 28 – Las notificaciones que no pudieren hacerse en la oficina personalmente, se harán con oficios certi-ficados con recibos de retorno, el que con la copia del comunicado, se adjuntará a las actuaciones.

 

ART.29 – Contra las resoluciones de los tribunales de menores, salvo el caso del artículo 21, podrá interpo-nerse como único recurso el de aclaratoria, el que deberá deducirse dentro de las 48 horas de notificado el pronunciamiento, sin perjuicio de lso recursos de incontitucionalidad e inaplicabilidad de ley, previstos por el inc. 4° a) y b) del art. 149 de la Constitución.

ART. 30 – Los Códigos de Procedimientos en lo Civil y Comercial y en lo Criminal y Correccional serán aplicados subsidiariamente, en aquello que no esté tratado expresamente en la presente ley y conforme a su espíritu.

ART. 31- Decláranse aplicables en la provincia las penalidades establecidas por la ley 10.903

 

ART. 32 -  Cuando se impida por los padres, tutores o guardadores la inspección de los visitadores del tribu-nal, éste podrá aplicar las mismas penalidades del artículo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones en que puedan incurrir conforme a las leyes y reglamentos.

 

ART. 33 – Una vez en vigencia esta ley, los jueces remitirán a los respectivos tribunales de menores, las cau-sas de la competencia de éstos en el estado en que se encuentre, debiendo proseguirse ante los mismos, los trámites o diligencias pendientes, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley; poniendo en su caso los detenidos a su disposición. En los casos del art. 4° se remitirá testimonio de los pertinente.

            Las causas falladas pendientes de apelación o recurso se proseguirán por el tribunal que esté actualmente conociendo.

 

ART. 34 – La Dirección General de Protección a la Infancia de acuerdo a lo dispuesto en el art. 12 inc. E) de la ley 4547 organizará la libertad vigilada a los fines del cumplimiento de las disposiciones que aquélla contiene y de la presente ley.

 

ART. 35 – Hasta tanto se incorporen a la ley de presupuesto. Los jueces gozarán de un sueldo mensual de m$n 1.650; los secretarios, de m$n. 850; los médicos de m$n. 500, los relatores, de m$n. 375; los auxiliares octavos, de m$n. 220; décimos, m$n. 200; undécimos, m$n.190; los visitadores, auxiliar tercero, m$n. 300 y los ayudantes primeros, m$n. 150; que serán tomados de Rentas Generales con imputación a la pressente ley.

 

ART. 36 –  Los tribunales de menores que se crean por la presente ley comenzarán a funcionar en cada uno de los departamentos judiciales, dentro del año de promulgada. Las disposiciones de procedimiento de la presen-te ley y la de la ley 4547, serán aplicables en cuanto corresponda, por los jueces actuales de las respectivas ju-risdicciones hasta tanto funciones los tribunales de menores y a partir de los 30 días de promulgada.

 

ART. 37 – Comuníquese, etcétera,

            Sanción: 21 de diciembre 1937.

            Promulgación : 3 de enero de 1938.